Petición Aceptada

Cuando el fiscal presenta una petición en el tribunal de menores acusándolo de cometer un delito, comienza formalmente el procedimiento judicial. En este, presentará evidencias de que en el caso se verifican todos los elementos que constituyen el delito, si al finalizar, el juez está convencido de que el joven incurrió en el delito en base a las evidencias presentadas, entonces acepta la petición. Este acto se asemeja a una declaración de culpabilidad en el tribunal de adultos, por lo que una vez que es dictada, se procede a imponer las sanciones que se consideren adecuadas. También significa que la condena pasará a formar parte de los antecedentes penales del menor, lo cual puede afectarlo en distintos aspectos de su vida. Si actualmente se enfrenta a un procedimiento judicial o ha sido condenado en el tribunal de menores, es importante que conozca en qué consiste la petición aceptada y todo lo que esta implica.

Si usted o un menor de edad que conoce ha recibido una acusación por un acto delictivo, debe recibir la asesoría de un abogado de The LA Criminal Defense Law Firm, localizada en Los Angeles, California. Con la ayuda de nuestros abogados altamente capacitados podrá lograr que el juez no acepte la petición que se ha presentado en contra del menor.

¿En qué consiste la petición aceptada en el tribunal de menores?

Cuando un menor de edad incurre en un delito en el estado de California, ya sea un delito menor o mayor, en la mayoría de los casos son juzgados en el tribunal de menores ya que su edad amerita ciertas normas especiales, las cuales son distintas a las que regulan el procesamiento de los adultos. Los menores de edad pueden ser acusados de cometer dos tipos de actos delictivos, los cuales son los siguientes:

1. Delitos de estatus. Se trata de actos que se consideran un delito únicamente cuando un menor de 18 años incurre en los mismos. Estas violaciones de la ley no se consideran graves, por lo que sus sanciones no son severas. Entre ellas se incluyen el absentismo escolar, la violación de toques de queda y el consumo de alcohol por parte de menores de edad.

2. Actos delictivos. Estos hechos punibles se consideran más graves. Sin embargo, el tribunal de menores no le otorga la misma denominación que a los delitos que cometen adultos.

El sistema de justicia de menores debe determinar si el menor ha perpetrado el delito del que se le acusa e imponer las sanciones que estime adecuadas, para lo cual toma en consideración los antecedentes penales y la gravedad del delito. En este sentido, la ley de California establece varias sanciones que pueden dictarse cuando un menor de edad incurre en un delito. Sin embargo, estas no son tan severas como las que la ley contempla para los condenados adultos, independientemente de lo grave que se considere el delito en el que ha incurrido. Esto se debe a que el sistema de justicia de menores tiene el objetivo de rehabilitar el menor, por lo cual únicamente en una cantidad mínima de los casos se dicta su sanción más grave, que es el confinamiento del menor en la División de Justicia Juvenil. A diferencia del tribunal penal de adultos cuyo propósito es castigar al condenado, y por ello generalmente impone una pena de privación de libertad en la cárcel del condado o en la prisión estatal.

Este proceso comienza con el arresto del menor efectuado por los funcionarios policiales, tras el cual, deben decidir si lo liberan o lo trasladan al correccional de menores. Para ello se basan en una serie de factores, los cuales se basan en la gravedad del delito que se sospecha que ha cometido y si ha incurrido en conductas contrarias a la ley con frecuencia. Cuando consideran que el delito es grave y se deben imponer medidas acordes para que no vuelva a cometer conductas similares en el futuro, lo trasladan al correccional de menores.

En el correccional de menores, el oficial de libertad condicional deberá decidir si remite el caso al fiscal para que presente la petición en el tribunal de menores. En tal caso, el fiscal evaluará el caso y decidirá si amerita presentar una petición. Asimismo, la petición es el documento en el que el fiscal acusa al menor de ser un delincuente, y se especifican los delitos que ha cometido. Con este acto, comienza formalmente el procedimiento judicial. Por lo que se asemeja a la imputación de cargos a un adulto en el tribunal penal de adultos.

Posteriormente, el menor debe comparecer ante el tribunal en las fechas establecidas para la celebración de las audiencias que forman parte del procedimiento judicial. En este sentido, el juicio en el tribunal de menores se denomina audiencia de adjudicación, en esta, el fiscal debe probar por encima de toda duda razonable que el menor perpetró el delito y el menor también tendrá la oportunidad de ejercer su defensa.

Es importante tener en cuenta que en el tribunal de menores no existe un jurado, ya que el caso es presentado ante un juez y decidido por éste en la audiencia de adjudicación. Además, este determina si la evidencia que presentó el fiscal es suficiente para que se considere que demostró que el menor cometió el delito por encima de toda duda razonable. Cuando al finalizar el juicio, el juez considera que el fiscal lo ha logrado y no existen dudas de que el menor perpetró el delito, procede a aceptar la petición que fue presentada en su contra. Esto significa que una petición aceptada en el tribunal de menores es lo mismo que una declaración de culpabilidad en el tribunal penal de adultos.

Para una mejor comprensión de este procedimiento, veamos el siguiente ejemplo.

Los funcionarios policiales efectuaron el arresto de un joven de 15 años luego de que éste amenazara a una persona con dispararle si no le entregaba su billetera. Posteriormente, lo trasladan al correccional de menores, en el que el oficial de libertad condicional decide remitir el caso al fiscal. Este último presenta la petición en el tribunal de menores, en la cual lo acusa de cometer el delito de robo que está consagrado en el artículo 211 del Código Penal. Luego, el juez procede a celebrar la audiencia de adjudicación, en la que el fiscal presenta evidencias contundentes de que el menor perpetró el delito, demostrándolo por encima de toda duda razonable, así que logra convencer al juez y éste acepta la petición.

Pero si el fiscal no logra presentar evidencias suficientes para demostrar la existencia de todos los elementos que constituyen el delito del que se le acusa, entonces el juez desestimará la petición.

¿Cuáles sanciones se imponen luego de que la petición ha sido aceptada?

Cuando el juez aprueba la petición, procede a imponer las medidas necesarias, para lo cual se lleva a cabo la audiencia de disposición. La medida a imponer dependerá de la gravedad del delito que el menor ha cometido y si puede considerarse un delincuente habitual por tener antecedentes penales. Asimismo, la ley del estado de California consagra varias medidas que pueden imponerse, las cuales son dictadas mediante órdenes de disposición. Entre ellas se encuentran las siguientes:

1. Medidas de confinamiento.

• Confinamiento en el hogar o arresto domiciliario. Cuando el juez decide imponer este confinamiento, obliga al menor a permanecer en su hogar bajo la supervisión de sus padres o tutores legales por un periodo determinado de tiempo, en el que tendrá que cumplir con una serie de condiciones. Entre ellas, deberá asistir a terapia psicológica y no faltar a la escuela, por lo que sólo podrá salir de su hogar cuando sea necesario para cumplir alguna de las condiciones impuestas.

• Colocación del menor con otra persona. El juez puede ordenar que el menor permanezca con un pariente o en un hogar de crianza cuando considera que no es conveniente que viva con sus padres o tutor legal, ya que en su hogar no se satisfacen sus necesidades o es un ambiente propicio para que reincida, por lo que tomará en cuenta su interés superior y los intereses de la justicia.

• Correccional de Menores. En algunos casos, el juez decide que el menor debe cumplir con un confinamiento en el correccional de menores durante un periodo determinado, el cual suele ser corto.

• Régimen de libertad condicional. Luego de que el menor ha cumplido con un periodo corto de tiempo en el correccional de menores, el juez puede imponer un régimen de libertad condicional durante el cual debe cumplir con una serie de condiciones que serán impuestas por el juez.

• División de Justicia Juvenil. El confinamiento en esta institución se impone únicamente a los menores que sean condenados por delitos muy graves, como los especificados en el artículo 707(b) del Código de Bienestar e Instituciones. Los establecimientos de la División de Justicia Juvenil son cerrados y tienen el propósito de recluir al menor e imponer medidas para su rehabilitación. El periodo máximo durante el cual el menor deberá permanecer en este lugar varía según el delito cometido, pero en los casos más graves, es hasta que el joven cumpla los 25 años. Además, este periodo en ningún caso puede ser tan largo como el que la ley contempla para los adultos según el delito que se haya perpetrado.

• Cárceles y prisiones de adultos. Aunque en el tribunal de menores no puede imponerse una pena de privación de libertad en una cárcel o prisión de adultos, es importante mencionar que cuando un menor de edad incurre en un delito que se considera muy grave, puede ser juzgado en el tribunal penal de adultos. Si es condenado, es posible que le impongan una pena en la cárcel del condado o en la prisión del estado de California, por lo que estará rodeado de delincuentes mayores de edad. Sin embargo, en algunos casos se les impone un periodo de tiempo más corto del que tendría que enfrentar un adulto.

En otros casos, el juez del tribunal penal de adultos impone una pena en la cárcel o en la prisión, pero decide que el menor debe permanecer confinado en la División de Justicia Juvenil hasta que cumpla la mayoría de edad, tras lo cual es trasladado.

2. Opciones distintas al confinamiento.

Además de las opciones de confinamiento que mencionamos, el tribunal de menores puede imponer otras medidas. Entre estas se encuentran las siguientes:

• Advertencias verbales. Cuando el menor ha incurrido en un delito menor, es posible que el juez desestime el caso y simplemente advierta al menor de no volver a involucrarse en conductas similares.

• La imposición de multas. Es posible que el juez lo obligue a pagar una multa o una indemnización a la víctima, en caso de haber una.

• Terapia psicológica. El juez puede considerar conveniente que el joven se someta a una terapia psicológica, con la finalidad de que pueda corregir su conducta. Para este tratamiento debe tomarse en cuenta la naturaleza del delito que ha cometido.

• Servicio Comunitario. Si el juez decide que el menor debe completar un servicio comunitario como parte de su sanción, se le asignará una actividad específica en su comunidad que deberá realizar durante un durante una cantidad determinada de horas semanales.

• Supervisión Electrónica. Cuando se ha dictado un régimen de libertad condicional o el menor fue sometido a un arresto domiciliario, es posible que el tribunal de menores le ordene al utilizar un monitor de tobillo o muñeca durante un periodo determinado, de manera que puedan conocer su ubicación en todo momento y así cerciorarse de que no transgreda las condiciones impuestas.

• Régimen de libertad condicional. Aunque en algunos casos el juez decide que el menor debe cumplir con un periodo de confinamiento antes de un régimen de libertad condicional. En otras ocasiones dicta un régimen de libertad condicional desde el inicio.

Esta libertad condicional se encuentra consagrada en el artículo 725 del Código de Bienestar e Instituciones de California. Tiene una duración máxima de 6 meses y puede imponerse con o sin la supervisión de un funcionario de libertad condicional. Además, conlleva una serie de condiciones que serán dictadas por juez según las circunstancias específicas del caso y el historial de conductas indebidas del menor.

El juez podrá dictar las condiciones que considere convenientes y razonables, pero las más comunes incluyen cumplir con la asistencia escolar sin faltas, completar programas educativos y de terapia psicológica, en los cuales deberán participar sus padres y respetar un toque de queda según el horario establecido, pudiendo salir de su hogar en ese horario únicamente cuando esté acompañado de su padres, tutor legal o cuidador adulto.

Además, cuando el delito perpetrado por el menor está relacionado con el consumo, posesión o suministro de drogas o alcohol, entonces algunas condiciones estarán relacionadas con estas sustancias. Entre ellas, el juez puede obligarlo a completar un programa de educación sobre las drogas y el alcohol, y someterlo a exámenes de detección y drogas con regularidad.

Si el menor no cumple con todas las condiciones impuestas a cabalidad, entonces el juez lo declarará un pupilo del tribunal. Esto significa que el tribunal se convierte en el principal responsable del menor, por que tiene autoridad y jurisdicción sobre el mismo. Sin embargo, sus padres o tutor legal seguirán teniendo los derechos de custodia mientras el menor está bajo el régimen de libertad condicional con o sin la supervisión de un funcionario asignado para ello. Aunque en otros casos los priva por completo de estos derechos.

¿Cuáles son las consecuencias de la petición aceptada?

Cuando el juez acepta la petición, esta formará parte de los antecedentes penales del acusado. Aunque muchas personas creen que las condenas a menores de edad no se consideran graves, esto puede afectarlo de por vida. A continuación, explicaremos algunas de las repercusiones que una petición aceptada puede tener en su vida.

• Solicitudes Universitarias. Generalmente, las universidades no admiten a los aspirantes que tienen antecedentes penales. A veces no rechazan la solicitud, sino que evalúan las veces que ha sido condenado por la comisión de un delito, la naturaleza del mismo y si ha corregido su conducta luego de la condena. Pero incluso si es admitido, las autoridades de la universidad los vigilan de manera estricta para cerciorarse de que no incurran en conductas similares, lo cual puede ser muy incómodo para el estudiante. Por su parte, si el aspirante es reincidente, es aún más difícil que la universidad acepte su solicitud y deberá corregir su conducta antes de realizarla.

• Búsqueda de un empleo. Para una persona que ha sido condenada siendo menor de edad puede ser complicado lograr obtener un empleo debido a que los empleadores están en búsqueda de personas confiables, y suele ser difícil convencerlos de que ha corregido su conducta. En el estado de California, los empleadores requieren que los aspirantes informen si han sido condenados previamente, por lo que deberá declarar que fue condenado en el tribunal de menores incluso si ya ha cumplido la mayoría de edad. En otras ocasiones, los empleadores investigan sus antecedentes penales antes de evaluar su solicitud para el empleo, y si descubren que tiene algún antecedente penal, lo descartan de manera automática.

• Solicitud para unirse al ejército. Un condenado en el tribunal de menores no cumple con los requisitos para unirse al ejército. Esto se debe a que todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen normas estrictas acerca de los antecedentes penales de los candidatos, por lo que estos suelen ser descalificados a menos que hayan sido condenados por delitos menores que no involucren el uso de violencia.

• La imposición de sanciones más severas en el futuro. Cuando un adulto es declarado culpable, es más probable que se le impongan sanciones más graves si tuvo antecedentes penales, independientemente de que haya sido condenado cuando era menor de edad. Estas sanciones pueden incluir un periodo de privación de libertad más largo o multas por sumas más elevadas. En estos casos, aunque sea condenado por un delito que acarrea una sanción de privación de libertad de conformidad con la ley, el juez puede decidir dictar una pena de encarcelamiento en la cárcel del condado por cierto periodo.

¿Qué puede hacer el abogado para evitar que la petición sea aceptada?

Contratar a un abogado penalista es crucial para que el juez no acepte la petición presentada por el fiscal en el tribunal de menores. Su labor es importante desde el arresto, ya que puede convencer a los funcionarios policiales de que el caso puede ser manejado sin la necesidad de que el menor tenga que ser trasladado al correccional de menores o intervenga el juez. Si esto ocurre, puede lograr incluso que se le imponga un programa que debe cumplir satisfactoriamente para que el fiscal no presente la petición y no deba someterse a un proceso judicial. Otras formas en que la representación de un abogado puede favorecerlo son las siguientes:

• Si el caso alcanza la etapa de juicio, el abogado defensor puede ejercer una estrategia de defensa idónea para contrariar los argumentos y las evidencias que ha presentado el fiscal. De esta forma, intentará convencer al juez de que el fiscal no logró demostrar la existencia de los elementos del delito por encima de toda duda razonable, con el propósito de que el juez no acepte la petición.

• El abogado defensor puede realizar el trámite para el sello de sus registros de menores luego de que haya cumplido con las sanciones impuestas en la oportunidad que establece la ley. Si el juez acepta la petición, formará parte de sus antecedentes penales y cualquier persona que los investigue puede tener acceso a ellos. Sin embargo, los registros de menores pueden ser sellados si el condenado lo solicita y cumple con los requisitos y el procedimiento que la ley establece para ello. De esta forma, dejarán de formar parte de sus antecedentes y podrá declarar legalmente que no fue arrestado ni ha sido condenado.

¿Cómo contactar a un abogado cerca de mí?

Como señalamos anteriormente, enfrentarse a un proceso judicial en el tribunal de menores puede ser una situación preocupante, ya que una petición aceptada puede entrañar consecuencias que lo afectarán durante toda su vida y dificultarán su progreso personal y profesional. Sin embargo, puede evitarlo con la representación y asistencia de un abogado defensor que tenga amplios conocimientos y experiencia en el manejo de los casos en el tribunal de menores. Por esta razón, debe contactarnos lo antes posible, mientras antes se atienda su caso, existen más posibilidades de obtener un resultado favorable.

Para programar una consulta con un abogado de Delincuencia Juvenil de The LA Criminal Defense Law Firm, localizada en Los Ángeles, California, no espere más y llámenos al 310-935-1675.